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La prohibición
contemporánea de drogas enteogénicas y psicoactivas comienza
el 1 de marzo de 1915, cuando entró en vigor el HR6282 o Ley
Harrison sobre Narcóticos que el Congreso americano aprobó
el 14 de diciembre de 1914 y el presidente Wilson firmó tres
días más tarde. Aunque tuvo que alterarse incluso la Constitución
para prohibir el alcohol, en 1919 el Tribunal Supremo americano apeló
a esta ley federal para prohibir los "narcóticos" y
reclamar amplios poderes policiales a nivel federal en materia de "drogas
peligrosas". La idea ha conseguido incorporarse a la tradición
americana, que ha exportado su cruzada antidroga a todo el mundo, y
la normativa actualmente en vigor, como la Ley Nacional 91-513 o el
Plan General de Prevención y Control del Uso Indebido de Drogas,
proporciona el marco legislativo para una fácil prohibición
de cualquier sustancia que el gobierno desee añadir a sus "proyectos".
Hasta tal punto esto es así que el control gubernamental defendido
por la Iey Nacional 99-570, la Ley de Control de Sustancias Análogas,
de 1986, penetra audazmente en áreas de la investigación
que jamás habría soñado fiscalizar ninguna dictadura
nacional-socialista, comunista de cualquier otro signo, pues declara
presumiblemente ilegal "cualquier investigación realizada
con drogas", a no ser que sea aprobada explícitamente por
el Gobierno federal. La situación ha degenerado hasta tal punto
que el último juez federal, J.G. Burciaga, en su Fallo en contra
del Gobierno de los Estados Unidos durante un caso penal relativo a
la legislación sobre drogas, declaró: Pese a que el origen
de la avalancha legislativa antidroga en Estados Unidos estaba relacionado
con una cuestión de luchas imperialistas por el dominio mundial,
sin mencionar otras motivaciones económicas y racistas, su triunfo
coincide con la corriente de celo reformista que proclamaban las minorías
religiosas fundamentalistas intolerantes. No obstante, como ha observado
sagazmente Justice Burciaga, la prohibición contemporánea
sobre drogas, camuflada bajo el rótulo de "Leyes que regulan
la Salud Pública" referidas a "delitos contra la Salud
Pública", no es sino la expresión moderna de la milenaria
Inquisición farmacrática bajo un disfraz de ambages seculares.
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