EL CASO POR LA LEGALIZACIÓN – Parte 1
The Economist  26/07/2001
Traducido por Gonzalo Pavillard

Hora de una calada de cordura
Es la pesadilla de cualquier padre. Un joven se desliza inexorablemente de unas caladas de porro a una raya de coca, para acabar con la inyección y la adicción. Era el argumento del film ‘Traffic’, que trata del descenso al infierno de la heroína de una muy joven niña de clase media, y es el terror que mantiene las leyes de las drogas en su lugar.

Esto explica porqué incluso los políticos que se fumaron uno o dos porros en su juventud dudan de apoyar la legalización de las drogas. El terror no es irracional. Porque lo que debe ser dicho primero de la legalización de las drogas, una causa que The Economist ha defendido desde hace mucho tiempo y a la que vuelve esta semana, es que llevará a un aumento en su consumo y por lo tanto un aumento de gente dependiente de ellas. Algunos argumentan que las leyes de las drogas no tienen ningún impacto pues estas son ya ampliamente accesibles.

Falso: Las drogas son caras; un kilo de heroína cuesta en USA lo mismo que un Rolls Royce, en parte porque el precio refleja los peligros derivados de su distribución. Es mucho más difícil y arriesgado comprar un gramo de coca que una botella de Whisky. Quita esas restricciones, haz las drogas accesibles y mucho más baratas, y más gente experimentará con ellas.

El aumento del consumo provocará que más gente se haga dependiente, inevitablemente, porque las drogas proveen de una experiencia placentera que la gente quiere repetir. En el caso de la mayoría de las drogas, esa dependencia no será más que un ansia psicológica que afecte a no más de uno de cada cinco usuarios. En el caso de la heroína, la dependencia es física y afecta a uno de cada tres. Incluso un ansia psicológica puede ser debilitante. Los alcohólicos y los adictos al juego traen la miseria a sus vidas y a la de sus familiares. Además, las drogas tienen efectos físicos duraderos y algunas, tomadas sin conocimiento, pueden matar.

Esto es cierto de ciertas drogas ‘duras’ y también de algunas que la gente piensa que son ‘blandas’: Demasiada heroína puede disparar una reacción adversa, pero también el éxtasis. También se puede decir lo mismo de la ginebra, o de la aspirina, por supuesto: Pero muchos votantes se preguntan, con razón, si es conveniente aumentar la lista de substancias potencialmente dañinas que son legalmente disponibles.

De Mill y la moralidad
El caso para hacerlo así se sustenta en dos argumentos: uno de principio y otro práctico. Los principios fueron expuestos hace un siglo y medio por Stuart Mill, filósofo liberal británico, que proclamó que el estado no tiene derecho a intervenir para prevenir que el individuo se haga daño así mismo, si ningún mal se derivase de ello para el resto de la sociedad. “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”, Mill proclamó.

Esta es una visión que The Economist siempre ha compartido y es una visión a la que muchos gobiernos democráticos se adhieren, hasta cierto punto. Permiten al individuo llevar a cabo todo tipo de actividades peligrosas libremente, desde hacer alpinismo a fumar, a conducir bicicletas por la ciudad. Estas actividades alarman a las compañías de seguros y a las madres, pero el estado hace bien en tolerarlas.

Es cierto, Mill aclaró que ciertos grupos sociales, especialmente niños, requieren extra-protección. Y algunos argumentan que los que toman drogas son también de una clase especial: una vez adictos, no pueden tomar decisiones racionalmente sobre si deben continuar haciéndose daño. Aún así, no solo son los usuarios dependientes una minoría sino que la sociedad ha rechazado este argumento en el caso del alcohol, y de la nicotina (cuyo poder de adicción es mayor que el de la heroína). Lo importante aquí es que los gobiernos inviertan adecuadamente en educación para la salud.

El argumento práctico para una aproximación liberal del problema reside en los daños que se derivan de la prohibición de las drogas y los beneficios de su legalización. Hoy por hoy, los daños caen desproporcionadamente sobre los países pobres y sobre la gente más pobre de los países más ricos. En países productores e intermediarios el comercio de la droga financia poderosos grupos criminales que amenazan al estado y corrompen las instituciones políticas. Colombia es el ejemplo más patente de esto, pero México también lucha contra la amenaza a la policía y a la honestidad política.

Intentar eliminar las cosechas con agentes químicos envenena el suelo y a la gente. El dinero de la droga ayuda a mantenerse a regímenes detestables como Myanmar o Afganistán. Y la producción de droga incentiva el consumo local, la cual (en el caso de la heroína) contribuye a la expansión del SIDA.

En el mundo rico, son los pobres los que tienen más probabilidades de acabar involucrados en el comercio de drogas y por lo tanto de acabar en la cárcel. No hay otro sitio donde esto sea más vergonzosamente cierto que en USA donde aproximadamente uno de cada cuatro convictos lo es por causas relacionadas con las drogas (generalmente sin violencia). El ratio de condenas por casos de drogas en los Estados Unidos supera ahora el de todos los crímenes en la mayoría de los países de la Europa Occidental.

Aún más, aunque los blancos consumen droga en proporciones similares a los afro-americanos y a los hispanos un número vastamente superior de los que son arrestados, sentenciados y enviados a prisión, no son blancos. La política de las drogas en EE.UU. está creando así una generación de hombres y mujeres de entornos desfavorecidos cuyo mayor entrenamiento para la vida ha sido en la violencia de la prisión.